28 jul. 2014

Programa del 28 de julio de 2014


En el programa del lunes 28 de julio entrevistamos a Jorge Smith, dirigente del PTP de la Provincia de Buenos Aires, con quien hablamos del posible default. También hablamos de la Jornada nacional contra la criminalización de la protesta -organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia- y sobre el sistema SIBIOS y el nuevo DNI.
Tuvimos una comunicación con compañeros de la CCC de Libertador Gral San Martín, en Jujuy, al cumplirse 3 años de la toma de tierras de la empresa Ledesma, en El Triángulo.

Y la columna de deportes de Pablo Cafferata.



Documento del Encuentro MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA 
Marcha del 24 de Julio 
Contra la CRIMINALIZACIÓN de la PROTESTA


Compañeras y compañeros:



Hoy levantamos esta tribuna en la Plaza de Mayo para denunciar la represión a las luchas obreras y populares que recorren el país por parte del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales de variado signo político. 

Las organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales, gremiales y estudiantiles reunidas en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocamos a esta Jornada Nacional contra la represión y la criminalización de la protesta y en defensa de los trabajadores que resisten los despidos y suspensiones, que luchan en defensa de sus salarios y contra la confiscación que implica el mal llamado impuesto a las ganancias; de los pueblos originarios y de los campesinos que enfrentan el despojo de sus tierras a manos de los monopolios agrícolas; de los que luchan por tierra y vivienda; de los pueblos que denuncian el envenenamiento a manos de Monsanto, el fracking y la megaminería contaminante; de los trabajadores petroleros que sufren la persecución de gobernadores, intendentes, jueces y policías que actúan a cuenta de las multinacionales saqueadoras de los recursos del país. 

Para acallar la creciente respuesta obrera y popular a sus políticas de ajuste y entrega, el gobierno avanza en la criminalización de la protesta y de las luchas sociales 

En las últimas semanas, hemos asistido a la militarización de los conflictos obreros. El gobierno responde a la lucha de los trabajadores enviando a la Policía Federal y la Gendarmería al mando de Sergio Berni. Es lo que ha ocurrido recientemente en Lear y en Emfer-TATSA y, poco antes, en Gestamp, Paty y Kromberg. 

Este gobierno -que se dice nacional y popular- pone las fuerzas represivas al servicio de empresas imperialistas y de vaciadores ferroviarios como los hermanos Cirigliano. Pretende de ese modo darles a las patronales la señal de que podrán despedir y suspender a discreción, sin que sus ganancias ni derechos de propiedad vayan a ser afectados. En EMFER los trabajadores fueron procesados por haber denunciado la responsabilidad de la patronal en la masacre de Once. 

La multinacional LEAR incumple toda la legislación laboral argentina con la complicidad del Ministerio de Trabajo. 
En ambos casos la política del gobierno nacional ha sido la de amparar a la patronal y reprimir la resistencia de los trabajadores. 
Las patotas de la burocracia sindical complementan la fuerza de choque del gobierno contra el movimiento obrero. Pignanelli–al igual que José Pedraza y que el buchón de la dictadura militar Gerardo Martínez- actúa como una pata más del Estado contra la iniciativa y la lucha de los trabajadores. La semana pasada la burocracia del SMATA, con la complicidad de la patronal y bajo amenaza de despido, realizó un verdadero secuestro de los trabajadores de la planta de LEAR. Los trabajadores, fueron trasladados a la Sede Central del SMATA, dónde se fraguó una asamblea con la presencia del Ministerio de Trabajo para conseguir la destitución de la actual Comisión Interna. 
En materia represiva los gobiernos provinciales no se quedan atrás. El gobierno de Bacileff, en el Chaco, ha impuesto un estado policial que tuvo su máxima expresión el 4 de junio, en la feroz represión contra los pueblos originarios, los trabajadores estatales, de la salud, los docentes y los desocupados que se movilizaron desde distintos puntos de la provincia a la ciudad de Resistencia por sus reclamos y que culminó en una cacería de manifestantes y en una persecución a dirigentes que continua hasta hoy. 
Del mismo modo actuó De la Sota contra quienes se oponían a la sanción de la ley Monsanto. Gravísimas represiones se vivieron durante los últimos meses en Jujuy, Santiago del Estero y Misiones. 
El 16 de julio fueron reprimidos y atacados con balas de goma campesinos y pequeños productores de las quintas cercanas a La Plata. 
Todos estos atropellos fueron acompañados, además, por ataques, amenazas de desafuero y pedidos de sanción contra los diputados de la izquierda, como los que aun sufren los legisladores Cintia Frencia en Córdoba y Claudio del Pla en Salta y de dirigentes políticos y sindicales en diferentes lugares del país. Se trata de una variante de represión política contra los que luchan. 
En la Ciudad de Buenos Aires, Macri utilizó la Metropolitana contra pacientes, trabajadores y vecinos en el Borda, donde fueron procesados compañeros que sufrieron la salvaje represión macrista. El jefe de gobierno porteño debería estar preso por organizar una red de espionaje contra los trabajadores. 
Hace unos días fueron absueltos los policías procesados por la represión en el Indoamericano mientras siguen procesados los dirigentes sociales del lugar. 
Las policías municipales de Scioli reforzarán la trama de corrupción y gatillo fácil en la que conviven con la Bonaerense los intendentes y punteros. El Secretario de Seguridad de la Provincia Granados ha incorporado recientemente a los policías apartados de la policía bonaerense por el secuestro de Luciano Arruga. 
El gobierno pretende que la crisis recaiga sobre las espaldas de los trabajadores mientras todos estos años subsidió y sostuvo las ganancias de las grandes empresas privatizadas, las multinacionales y la banca. 
Durante una década, los Kirchner pagaron religiosamente a los buitres financieros y al FMI en base al sacrificio de los jubilados, a la precarización laboral de los jóvenes y a la consolidación de altísimos niveles de pobreza y miseria de nuestro pueblo. 
Diez años después, la deuda externa se ha duplicado. El gobierno se sometió al Banco Mundial, a Repsol y al Club de París. Hoy van en el mismo camino ante los buitres que no entraron a los canjes de deuda de 2005 y de 2010. De concretarse esta nueva entrega que cuenta con la complicidad de gran parte de la oposición, implicará más inflación, más tarifazos, más ajuste contra el pueblo. 
El reforzamiento de la legislación represiva que el Frente para la Victoria pretende acordar en el Congreso tiene la mirada puesta en la conflictividad social suscitada por la entrega y el ajuste. 
El bloque oficialista avanza en comprometer políticamente al PRO, al Frente Renovador de Massa y a gran parte del radicalismo, opositores que son cómplices en la entrega y la represión, para sancionar la llamada ley anti piquetes. 
En sentido contrario, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia ha impulsado un proyecto de ley Contra la Criminalización de la Protesta que plantea la extinción de toda acción penal y de toda condena que tengan su raíz en protestas sociales. Exigimos su aprobación inmediata, por los más de cinco mil luchadores procesados que hay en el país, por los compañeros condenados y por los trabajadores y militantes presos por luchar,por Fernando Esteche y Raul “Boli” Lescano, por los municipales de Río Gallegos presos y los compañeros de Las Heras condenados, por los compañeros de Corral de Bustos. Asimismo, repudiamos el chantaje de la diputada Diana Conti, del Frente para la Victoria, que pretende canjear la aprobación de una ley represiva por una amnistía fraudulenta. 
Desde esta plaza, reivindicamos la lucha de nuestro pueblo en defensa de sus derechos, y reivindicamos el piquete como un método histórico de las clases explotadas, desde los inicios del movimiento obrero argentino, que fue ratificado a una escala monumental por el movimiento de desocupados que enfrentó a Menem y De la Rúa; que fue adoptado por los pobladores de Gualeguaychú y Fray Bentos contra la instalación de las pasteras sobre el río Uruguay, por Famatina, Andalgalá y todos los pueblos que enfrentaron a la Barrick y demás empresas imperialistas de la megaminería contaminante, por los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires contra los cortes de luz durante el verano pasado, entre centenares de ejemplos protagonizados por trabajadores ocupados y desocupados, estudiantes y pueblos enteros. 
La política represiva del gobierno avanza en una escalada sostenida. Primero, cuando se llenaba la boca hablando de los derechos humanos y de una supuesta seguridad democrática que nunca existió, tercerizaba la represión a través de las patotas sindicales. Luego, su bloque legislativo aprobó la llamada ley antiterrorista reclamada por el imperialismo, dotándose de nuevas herramientas legales para atacar las luchas sociales. 
El Proyecto X , el nombramiento de Berni y del genocida César Milani al frente del Ejército para hacer intervenir a las fuerzas armadas en la represión interior, representaron un nuevo salto. 
El apoyo de la Presidenta a la sentencia a prisión perpetua de los trabajadores de Las Heras –sometidos a un juicio infame y condenados por un crimen que no cometieron- y su reclamo al Congreso de la sanción de la ley contra los piquetes y luchas durante su discurso del 1 de marzo fueron la ratificación de ese curso represivo. 
Mientras se criminalizan las luchas, el gobierno hizo aprobar una ley de irresponsabilidad del Estado que consagra la impunidad de sus funcionarios, acosados por denuncias de corrupción, malversación de fondos y complicidad con fraudes varios, incluido el vaciamiento que condujo a la masacre de Once. 
La represión, la judicialización de la protesta, la intimidación pública, la acción ilegal de los funcionarios del Ministerio de Trabajo contra los delegados combativos y la campaña mediática para estigmatizar las movilizaciones populares buscan, en definitiva, acallar la respuesta de los trabajadores al ajuste y bloquear su organización independiente. 
Las huelgas docentes que recorrieron el país, el paro nacional del 10 de abril, las luchas obreras y populares en curso como LEAR y EMFER demuestran la disposición de lucha de nuestro pueblo para enfrentar la política de ajuste. 
Desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia hoy estamos aquí , al igual que los compañeros que en las distintas provincias se están manifestando en esta Jornada Nacional Contra la Criminalización de la Protesta, levantando esta tribuna unitaria para defender el derecho a luchar contra la explotación, la opresión y la entrega. 
Por eso, reafirmamos: 
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA! 
NI AJUSTE NI ENTREGA! 
POR EL TRIUNFO DE TODAS LAS LUCHAS OBRERAS Y POPULARES! 
BASTA DE REPRESIÓN!

21 jul. 2014

Programa del 21 de julio de 2014


En el programa del lunes 21 de julio entrevistamos a Nicolás Tauber, abogado de Liberpueblo, y a Enrique Fuckman, miembro de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, acerca de la jornada contra la criminalización de la protesta que se llevará acabo el próximo jueves 24/7 en distintos puntos del país.
También tuvimos nuestro bloque de noticias y la agenda cultural, todo matizado con buena música...


14 jul. 2014

Programa del 14 de julio de 2014


En el programa del lunes 14 de julio hablamos con Carlos Echagüe sobre la visita de Vladimir Putin a la Argentina. 
También tuvimos la visita de Derli Prada, con quien  hablamos del ciclo de unipersonales Rebeldías, que empieza este viernes en el Centro Cultural Raíces (Agrelo 3045 - CABA).
Y hablamos del desempeño de la selección argentina en el mundial, con Pablo Cafferata.

7 jul. 2014

Programa del 7 de julio de 2014


En el programa del lunes 7 de julio hablamos con Gerardo Robbiano de la CCC y con Roger Castaño, delegado de EMFER, después de la represión.
También tuvimos una conversación con Antonio Sofía, dirigente nacional del PTP, acerca del documento Nunca más buitres, firmado por -entre otros- Adolfo Pérez Esquivel, Gustavo Vera, Claudio Lozano y él mismo.
Por último, hablamos con Josefina Racedo sobre el 9 de 
julio y su significado hoy.


Nunca más buitres

Nuestro país ha recibido un nuevo revés en los tribunales de los Estados Unidos. El resultado no podía ser otro. Fue el propio Estado argentino quien se ha venido sometiendo desde la dictadura a la fecha, atado de pies y manos, a las condiciones del capital trasnacional, renunciando a sus derechos soberanos, aceptando ser juzgado ante la justicia de los propios acreedores y sosteniendo que no tenía opción al “honrar” una deuda, probadamente, ilegítima e ilegal.

Alternativas hay, por lo que llamamos a las autoridades argentinas – a la Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, al Congreso Nacional, al Poder Judicial – a asumir sus responsabilidades para no seguir pagando lo que no debemos.
Esta vez, fue la Corte Suprema estadounidense la que rechazó el pedido argentino de frenar, al menos hasta diciembre, los efectos de los fallos anteriores. El costo para el pueblo argentino, en términos de salud, educación, empleo y otros derechos fundamentales, será mucho más grave que el embargo de la “Libertad” hace dos años, ordenado en esta misma causa.
El Estado argentino ha sido condenado a pagar de inmediato el 100 por ciento de los bonos holdouts demandantes, unos 1.330 millones de dólares, si quiere evitar una nueva suspensión de pagos a los bonistas que entraron en los canjes de 2005 y 2010. Pero sin dudas, el fallo será además un estímulo para nuevos reclamos judiciales, lo que podría implicar, según anunció la propia Presidenta, unos 15.000 millones adicionales.
Este panorama confirma que la deuda es “inmanejable”. Desde 2003 a la fecha se pagaron no menos de 173.000 millones de dólares. Sin embargo, pese a ello, hoy la deuda asciende a más de 240.000 millones de dólares, cuando en 2002 era de 144.212 millones – y hace apenas un año, de 209.000 millones de dólares.
La única realidad es que todas las re-negociaciones de deuda realizadas desde 1983 a la fecha han fracasado rotundamente. Cada una de ellas se presentó como la solución final al problema de la deuda pero la terminaron agravando. Es que mientras no se enfrente de raíz el problema, asumiendo las consecuencias de su ilegalidad e ilegitimidad y anulando las leyes, tratados y acuerdos que siguen otorgando privilegios a los capitales transnacionales, la deuda continuará poniéndonos de rodillas.
Lamentablemente, el gobierno nacional persiste en su estrategia de ‘manejar’ la deuda, tornándonos al pueblo argentino en pagadores seriales de una deuda imposible de saldar. Su objetivo principal es volver a los mercados internacionales para colocar allí más deuda y traer nuevas inversiones, intentando así resolver su crisis de pago provocada por la falta de liquidez que el aumento de los déficit fiscal y externo le han causado – de una manera que la historia nos ha señalado, tampoco logrará los resultados buscados.
Estos déficits se venían tapando hasta el momento mediante un creciente endeudamiento intra-Estado, o sea, pagando a terceros acreedores con bonos que se cancelan con fondos provenientes de organismos públicos (Anses, Banco Central, Banco Nación, Lotería Nacional, etc). Pero este mecanismo de pago se encuentra agotado, por lo que urge al gobierno retomar el camino del endeudamiento externo.
Y es para lograr ese fin que el gobierno nacional viene cumpliendo con pasos previos que el capital transnacional le exige: arreglo de la deuda con el Club de París y holdouts, cumplimiento de los laudos del Ciadi y pago de indemnización a Repsol por la “nacionalización” de YPF (todo con emisión de más deuda pública, renunciando a la revisión de los reclamos, cediendo nuevamente jurisdicción y acordando cifras y condiciones infladas y secretas).
El re-endeudamiento externo implicará mayores compromisos de pago y más condicionalidades externas. Esto es, más ajuste y empobrecimiento, más liberalización, más dependencia y presión extractivista contra los bienes naturales, lo que derivará, tarde o temprano, en una nueva crisis de pago, y así sucesivamente en este círculo vicioso de la deuda.
Es necesario romper con la lógica perversa de la deuda, repudiarla por ser una estafa al pueblo argentino y un instrumento de dominación y dependencia que nos ata a un modelo productivo depredador de la naturaleza y violador de los derechos humanos.
El sistema de la deuda y el modelo impuesto, dirigido fundamentalmente a producir “commodities” en beneficio de los países centrales, son los responsables de la creciente concentración de la riqueza con su contracara de pobreza, marginación y violencia. El pueblo argentino no ha sido beneficiario de una deuda contraída por quienes no representaron sus intereses, viciada de fraudes e ilegitimidad y, no puede ni debe soportar sobre sus espaldas el pago de la misma. Nuestro pueblo no sólo no es deudor sino que es acreedor de una justa y legítima deuda social que crece cada día y que debe ser pagada cuanto antes.
Como primera medida, es preciso suspender los pagos hasta tanto una Auditoria Participativa e Integral determine si hay tramos de la misma que puedan considerarse legales y legítimos. Contamos con el antecedente de Ecuador, que en 2007 dispuso una Auditoría de la Deuda Pública que permitió calificar de “ilegal, ilegítima y corrupta” a gran parte de la misma.
Y en nuestro propio país, con el invalorable aporte de la causa “Olmos”, donde en la sentencia se dieron por probados centenares de ilícitos en el proceso de endeudamiento del período 1976/82 que dio origen directo a los bonos hoy en manos de los fondos especulativos llamados “buitres”.
Una Auditoria supone también denunciar la institucionalidad que subordina a la Argentina a los intereses del gran capital, tales como la cesión de jurisdicción, los tratados y acuerdos de inversión y comercio y la pertenencia al Ciadi. Y asumir en la práctica que los derechos humanos tienen primacía por sobre cualquier acuerdo comercial de deuda, según señala el derecho nacional e internacional.
Además, la Justicia argentina tiene que declarar la nulidad absoluta de los actos delictuales investigados en la causa “Olmos” y proseguir con las demás demandas abiertas, incluyendo las del escandaloso Megacanje de 2001 y el Canje de 2010.
El Congreso de la Nación debe también desempolvar la causa “Olmos” y exigirle al Poder ejecutivo que pida nulidades y demande la reparación del daño a los que resultaron contraparte de la Nación en los actos ilícitos.
Porque los privilegiados deben ser los acreedores internos de la deuda social, y no los acreedores externos de una deuda ilegítima e ilegal que condiciona a la miseria y al atraso al pueblo argentino.


Firmas iniciales de adhesión:

Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz
Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
Mirta Baravalle, Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora
Diálogo 2000 – Jubileo Sur Argentina
Servicio Paz y Justicia (Serpaj)
Attac Argentina
Programa de Deuda Ilegítima y Justicia Ecológica de la Federación Mundial Luterana
Juan Yahdjián, Movimiento Social Misionero
Cátedra de Derecho y Deuda Externa Pública, Facultad de Derecho, UBA
Virginia del Valle Martínez de Philippeaux – Presidenta del Foro Patriótico y Popular.
Eduardo Mariano Lualdi – Secretario del Foro Patriótico y Popular – Director de la Revista Cuadernos para el encuentro en una nueva huella argentina.
Horacio Micucci – vicepresidente del Foro Patriótico y Popular – Coordinador del Instituto de Estudios Nacionales.
Sume su adhesión enviando un mensaje a: nuncamasbuitres@gmail.com